ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social

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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Seguridad Social como concepto
La Seguridad Social asume hoy, en todo el mundo, el compromiso de garantizar a todos los miembros de la sociedad una plataforma de dignidad asentada en el principio de la solidaridad. Las primeras aplicaciones de este principio tuvieron la forma de asistencia pública, evolucionando luego hacia los sistemas de seguro social y, más tarde hacia los primeros regímenes de Seguridad Social.

En la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en nuestro país en 1996, se reconoció que "la Seguridad Social participa del legado histórico del Siglo XX", y que "sus instituciones expresan la combinación certera de gran parte de los derechos fundamentales en el marco de solidaridad".(1)

La "Declaración de Derechos del Hombre" aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1948, sostiene que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente a efectos de asegurar la salud, su bienestar y el de su familia especialmente para la alimentación, la vestimenta, la vivienda, los cuidados médicos, así como los servicios en caso de desocupación, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, o en los otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia como consecuencia de circunstancias independientes de su voluntad".

Sin embargo, cada nación, de acuerdo a sus orígenes, historia y cultura, entiende y aplica sus propios conceptos sobre Seguridad Social. Conceptos que, por otra parte, fueron modificándose a través del tiempo.

Cuando Simón Bolívar, en 1819, usó inicialmente la expresión Seguridad Social, no imaginó que la disciplina tomaría más de un siglo para adquirir su sentido actual. Fue en Estados Unidos, el 14 de agosto de 1935, cuando surgió Social Security Act.

Atrás,en el tiempo, quedaba la Revolución Francesa, que otorgó a la Seguridad Social un carácter laico, asumiendo la responsabilidad de una acción comunitaria hasta entonces asumida por la Iglesia a través de limosnas y otras contribuciones.(2)

Hoy se reconoce a la Seguridad Social como "un derecho inalienable del ser humano", concebido como "garantía para la obtención del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad".(3)

También se considera que es "una responsabilidad indeclinable" de los Estados "garantizar a toda la población su derecho a la Seguridad Social, cualquiera sea el modelo de organización institucional, los modelos de gestión y el régimen financiero de los respectivos sistemas protectores que, dependiendo de sus propias circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales, hayan sido elegidos".(4)

1) Preámbulo "Código Iberoamericano de la Seguridad Social", aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Bariloche, Argentina, 1995. (2) Olegario Flores, "REFORMA PREVISIONAL", Valleta Ediciones, Argentina, 1993, pág.13. (3) Artículo 1 del "Código Iberoamericano de la Seguridad Social", aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Bariloche, Argentina, 1995. (4) Artículo 2, ídem (1)

Evolución del Sistema Previsional Argentino
Nuestro Sistema de Seguridad Social cuenta desde sus comienzos con una profunda influencia europea. Durante la colonización de nuestro continente, los reyes españoles premiaban a los colonizadores con títulos de nobleza y con la entrega de grandes extensiones de tierra.

Pero también asignaban jubilaciones y pensiones de singulares características, ya que se concedían con carácter de privilegio, especialmente a militares y sacerdotes.

Esas instituciones graciables dieron paso a sociedades benéfico-mutuales (siglo XVI y XVII), también de origen europeo, a las que se denominó cofradías. Generalmente se desarrollaban en el campo y sus integrantes recibían prestaciones para gastos de sepelios y para el mantenimiento de viudas.

El tercer período es prácticamente un calco de la organización agraria de los incas. Estos, además de repartir las tierras conforme con un código de castas, poseían grandes predios que eran trabajados por la comunidad a manera de impuestos. Gran parte de las ganancias, se destinaba al incipiente régimen de la Seguridad Social.

"La influencia hispana en lo previsional tiene su máximo esplendor en los seculares montepíos, que eran tradicionales en la península y que, en realidad, fueron verdaderas cajas de socorros mutuos. Ejercieron su influencia desde 1785, cuando en el Virreinato del Río de la Plata se inauguraba este tipo de prestación para amparar a viudas y huérfanos del personal marino fallecido. Más tarde se establecen beneficios similares para otros sectores, entre ellos funcionarios públicos imposibilitados de seguir trabajando, a los que se denominaban jubilaciones".(5)

Es innegable que este tramo previsional se amalgama con la nueva filosofía social, acerca de la función tutelar del Estado. Sin profundizar mucho se podrá advertir que se trata de un lejano antecedente del sistema jubilatorio, que acompañó la evolución legal en el país.

En la época de nuestra emancipación se encuentran los antecedentes de la previsión social en la Argentina.

Las Primeras Prestaciones
Comienzan durante la guerra por la Independencia, con pensiones, mercedes y donativos que se acordaban para proteger a determinados funcionarios por los servicios prestados, o también para recompensar a quienes habían luchado por la causa nacional.

Paralelamente a estas instituciones graciables se desarrollaron otras, originadas en las mutualidades, sobre la base de las corporaciones profesionales y la solidaridad del grupo. Luego se sancionaron leyes que establecieron la jubilación para los miembros de la Corte Suprema y jueces por sección, personal docente, empleados de la administración general y magistrados.

Es oportuno señalar que el grupo familiar es el ejemplo que sirvió de base a la solidaridad con la que comienza a regirse nuestra Seguridad Social de manera totalizadora. Los derechos y obligaciones son comunes ante las leyes del sector.

"La subsidiariedad es otro fundamental principio del sistema, del nuestro y de todos los regímenes internacionales. Ese carácter lo puso de manifiesto la doctrina social católica, expresado en el Código de Malinas, en el sentido de que el hombre es el primer responsable en ese terreno. El régimen jubilatorio, por ejemplo, está financiado por toda la comunidad activa para amparar solidariamente las contingencias de vejez, invalidez o muerte, cualquiera sea la causa que las origine. La comunidad de empleadores financia las asignaciones familiares en el supuesto de existir ese derecho". (6)

En este punto resulta conveniente, también, aclarar las diferencias fundamentales entre el trabajador con relación de dependencia y el trabajador autónomo.

La relación de dependencia: Se establece cuando una persona realiza actos, ejecuta obras o presta servicios a favor de otra, de la que depende económica, técnica y jurídicamente, por la que percibe una remuneración en dinero. En tal caso, corresponde que quien proporciona trabajo cumpla con las obligaciones de la Seguridad Social contenidas en la ley vigente.

El trabajador autónomo: Mientras que el dependiente trabaja para los clientes del empleador sin tener contacto frecuente con ellos, el trabajador independiente tiene clientes propios y desarrolla su actividad por su propia cuenta y riesgo, es decir, que no depende de otro para su desarrollo laboral

(5) Olegario Flores, op. Cit., pág. 22.
(6) Olegario Flores, op. Cit., pág. 23

Cobertura de la Seguridad Social
Los objetivos y realizaciones de este instrumento económico-social están fijados en la Constitución Nacional y en los planes de gobierno. Al área de Seguridad Social pertenece la promoción, conducción y fiscalización del régimen. Éste debe garantizar a los habitantes la protección en casos de contingencias sociales.

Las contingencias sociales dentro del marco de la seguridad social son situaciones biológicas, patológicas y económico-sociales, que corresponden, entre otras, a maternidad, vejez, muerte, invalidez, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedad-accidente, enfermedad inculpable, necesidades o cargas familiares y desempleo.

Internacionalmente se reconoce a la seguridad social como una realidad dinámica dentro de un instrumento económico-social, que debe asistir a los necesitados mediante un conjunto de normas específicas. Estas fijan derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Todo beneficio previsional, especialmente la jubilación, constituye el derecho de todo trabajador a una prestación monetaria vitalicia por los servicios prestados, de acuerdo a la normativa establecida al efecto.

En la actualidad coexisten todavía, junto al sistema nacional, regímenes jubilatorios que amparan a los agentes públicos de provincias y municipios - en razón de la forma federal de gobierno -, así como algunos regímenes especiales, fundamentalmente aquellos vinculados a actividades que producen agotamiento y vejez prematuros por desarrollarse en ambientes insalubres.

Pero es importante formular una aclaración: todos los servicios prestados por un trabajador, ya sean en relación de dependencia o por cuenta propia, en cualquiera de los regímenes citados, se computan para la obtención de beneficios previsionales, de acuerdo con un sistema de reciprocidad.

Desarrollo Institucional de la Seguridad Social
En el año 1904, con la promulgación de la ley 4.349, que crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, se da inicio a la etapa orgánica de los regímenes previsionales en nuestro país.

"La Seguridad Social comienza cubriendo a sectores limitados de la población, extendiéndose y universalizándose en forma paulatina. A aquella creación, le sucede otra, primero bajo las características de una verdadera atomización de instituciones, prevaleciendo en el caso de las prestaciones, el régimen de capitalización."

"A partir de 1954 se produce un cambio importante, ya que en virtud de la ley 14.370, se tiende a la unificación de los subsistemas por un lado, y por el otro, el régimen de otorgamiento de beneficios pasa a asimilarse más al de reparto que al de capitalización, a la inversa de lo ocurrido durante la primera mitad del siglo".

"Por ello, con el tiempo, se crean múltiples cajas nacionales de previsión que tienen una doble función: de recaudación de aportes y contribuciones, y de otorgamiento de beneficios".(7)

Cada una de estas cajas representa, o bien una actividad gremial (Bancarios y Seguros, Rurales, Navegación, por nombrar algunas de ellas), o bien cubre ramas de la actividad.

La ley 15.575, del año 1967, provoca una transformación en el sistema. Se reduce de trece a tres el número de cajas en funcionamiento. Las sobrevivientes son las Cajas de:

Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Estado y Servicios Públicos.
Autónomos.
También se crea la Dirección de Servicios Comunes de Previsión, que nuclea aspectos comunes de las cajas existentes, fundamentalmente la fiscalización. Posteriormente, se transforma aquella organización en un organismo que se denominó Dirección Nacional de Recaudación Previsional, con fines exclusivamente recaudatorios, como su nombre lo indica.

En el año 1969, se procede a la fusión de las dos primeras cajas mencionadas anteriormente, conformándose así el régimen de trabajadores en relación de dependencia, bajo la normativa de la ley 18.037, mientras que con la tercera se define el régimen de trabajadores autónomos o independientes, normados con la ley 18.038.

Cabe aquí introducir algunas reflexiones, porque pese a esta evolución institucional y organizativa, el sistema previsional ya estaba en crisis.

En 1968, en su libro "Estudios de Previsión Social y Derecho Civil", el constitucionalista Germán J. Bidart Campos, se lamentaba de que "uno de los problemas capitales que, hoy por hoy, ofrece el ordenamiento argentino, es el que se relaciona con la previsión social".

Y Olegario Flores, uno de nuestros máximos investigadores en la materia, aporta: "La humanidad envejece vertiginosamente. Sin atenuantes. De nada valieron las previsiones demográficas anunciadas con marcada anticipación, porque no se trazaron los necesarios programas para atenuar sus efectos y disminuir las penurias".(8)

Los problemas en Argentina desbordaron sus propios cauces por no haber sabido hallar su propia solución social. Esto fue lo que alguna vez dijo Juan B. Justo: "un hombre que nace en un mundo ya ocupado, no halla cubierto en el gran banquete de la naturaleza porque hay otros que ocupan demasiado lugar".

Algunos autores atribuyen al sistema de reparto un efecto desincentivador del ahorro. Otros apuntan a la escasa inversión, y a la consecuentemente insuficiente tasa de crecimiento de la producción y del empleo, como causales directas de la génesis de las dificultades. Lo cierto es que, ya en esa época, comenzaron a visualizarse los problemas de financiamiento que recién 20 años más tarde encontrarían las primeras medidas de fondos destinadas a su solución.

El Sistema Nacional de Previsión Social vigente en la Argentina en ese entonces, se basaba en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones mediante un sistema de reparto.

"En su Estado ideal, el financiamiento de las prestaciones de este tipo de regímenes tiene lugar básicamente mediante el aporte de los trabajadores autónomos y en relación de dependencia y las contribuciones de los empleadores. Sin embargo, no se establece una correlación entre el total de los aportes realizados por un individuo a lo largo de su vida activa y los beneficios que el sistema otorga". (9)

"Una consecuencia de la disociación entre aportes y beneficios es la falta de garantías respecto a la capacidad del sistema para generar los recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la propia ley. Hasta cierto punto, estas deficiencias han tendido a ser cubiertas con la participación del producto de algunos recursos tributarios, impuestos de afectación específica, recursos de rentas generales e incluso, hasta la vigencia de la ley de convertibilidad, adelantos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La necesidad de recurrir a estas fuentes exógenas se ha tornado creciente con el transcurso del tiempo, lo que revela las limitaciones del sistema para autosustentarse".

"Por otra parte, la mencionada desvinculación entre aportes y beneficios permite al sistema efectuar redistribuciones de carácter inter e intra generacional. Puesto que los derechos de los afiliados no derivan de los montos totales integrados, algunos de ellos pueden recibir durante la etapa pasiva más de lo que aportaron, y otros, menos, quedándoles vedada a estos últimos la posibilidad de reclamo. Esta redistribución podría, en principio, exhibir un carácter progresivo, pero también es factible que asuma el sentido opuesto, dependiendo de la particular estructura jurídica que sustenta al sistema".(10)

Hasta su modificación sustancial, en julio de 1994, con la sanción de la ley 24.241, el Sistema Nacional de Previsión Social adolecía, por lo menos, los siguientes problemas:

1. "las bajas remuneraciones que se pagaban al sector pasivo;
2. el endeudamiento del sistema;
3. las significativas iniquidades en el tratamiento a distintos integrantes del sector pasivo;
4. la falta de transparencia y confiabilidad".(11)

7) Walter Schulthess y Gustavo Demarco, "Argentina: Evolución del Sistema Nacional de Previsión Social y Propuesta de Reforma", Proyecto Regional Políticas Financieras para el Desarrollo, CEPAL, PNUD, Santiago de Chile, Junio de 1993).
(8) Olegario Flores, op. Cit., pág. 13.
(9) Schulthess y Demarco, op. Cit., pág. 15.
(10) Schulthess y Demarco, op. Cit., pág. 15.
(11) ídem, pág. 16.

La Creación de ANSES
En el año 1990, la ley 23.769 crea el Instituto Nacional de Previsión Social, cuya finalidad básica consistía en unificar la administración del Sistema Nacional de Previsión Social. Este organismo es disuelto por el Decreto 2284/91, y sustituido por la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, de acuerdo al Decreto 2741/91. (12)

ANSES, se crea como organismo descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. Está facultada para administrar los fondos correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares.

Desde la implementación de la Contribución Unica de la Seguridad Social, en febrero de 1992, ANSES también administra los ingresos del Fondo Nacional de Empleo. Dicho Fondo financia los Programas de Empleo, administrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, y las prestaciones del Seguro de Desempleo otorgadas por ANSES.

En el año 1992 se integran a ANSES organismos que hasta entonces operaban en forma independiente. A saber:

el exInstituto Nacional de Previsión Social (INPS),
las tres excajas nacionales de previsión:

1. Industria, Comercio y Actividades Civiles
2. Estado y Servicios Públicos
3. Autónomos

y las tres excajas de Asignaciones Familiares:

1. CASFPI (Industria).
2. CASFEC (Empleados de Comercio)
3. CASFPIMAR (Estibadores Portuarios)
12) publicado en el Boletín Oficial el 08/01/92.

Las prestaciones de ANSES y su financiamiento
Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social son las correspondientes al área nacional de la Seguridad Social, interviniendo en una gama muy amplia. Dentro de este marco, otorga jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares de las personas en actividad y subsidios familiares a las personas en etapa pasiva, y la prestación por desempleo, financiada por el Fondo Nacional de Empleo.

En la organización, dichas prestaciones están clasificadas de la siguiente manera:

Las prestaciones, que derivan en el otorgamiento de una suma de dinero e incluyen las asignaciones familiares, la prestación por desempleo, los programas de empleo, las prestaciones previsionales y los reintegros a empresas.
Los servicios, vinculados al mantenimiento de esas prestaciones y a las tareas de información y registro, e incluye orientación y asesoramiento al cliente, recepción de documentación, otorgamiento de CUIL, opción de régimen jubilatorio, recupero de la historia previsional, cambio de datos, reconocimiento de servicios, reajuste de haberes, repagos automáticos, certificación de haberes, ausencias y regresos al país, vuelta a la actividad o pasividad, rehabilitaciones, eliminados e impagos, cargos y descuentos, no pagos, salario familiar, notificaciones a beneficiarios y subsidios.

En un principio también poseía facultades recaudatorias, pero por disposición de Decreto 507, de marzo de 1993, la recaudación y fiscalización de los tributos de la Seguridad Social pasaron a ser competencia exclusiva de la Dirección General Impositiva (D.G.I.), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Con respecto a las denominadas Pensiones no Contributivas, que son aquellas prestaciones otorgadas a las personas que nunca han realizado aportes, o lo han hecho en forma insuficiente para acceder a un beneficio previsional, y que no tienen recursos mínimos de subsistencia; hasta la aparición del Decreto 292/95 eran otorgadas por ANSES. Por dicha disposición, se transfieren a la Secretaría de Desarrollo Social, dependiente del Poder Ejecutivo, la tramitación, el otorgamiento, la liquidación y el pago de las citadas prestaciones, a partir del mes de enero de 1996.

Acerca del Rol del Estado en el SIJP
Es interesante resaltar su importancia, tal como destacan diversos autores.

"Corte-De Vigilis-Tabernero (13), hacen un análisis detallado de esa intervención, que se puede resumir de la siguiente manera:

El Estado recauda los aportes y contribuciones obligatorios en ambos regímenes;
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) integra un régimen previsional público y se financia con el sistema de reparto;
La financiación comprende ingresos de orden tributario;

El Estado toma a su cargo los tres componentes del sistema público y las prestaciones por invalidez y muerte;

A través de ANSES se aplica, fiscaliza y controla el Régimen de Reparto, así como la recaudación de la contribución única de la Seguridad Social y los aportes personales al Régimen de Reparto;
Un organismo estatal, la Superintendencia de las AFJP supervisa y controla el Régimen de Capitalización;
El Consejo Nacional de Previsión Social, organismo presidido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, interviene en el mejoramiento y desarrollo del sistema;
El Estado garantiza en el Régimen de Capitalización el cumplimiento de las garantías de rentabilidad mínima sobre los fondos en determinadas situaciones;
El Estado Nacional garantiza el otorgamiento de haberes mínimos a los afiliados al SIJP que cumplan ciertos requisitos;
Igualmente garantiza el cumplimiento de los deberes previsionales antes de la vigencia de la ley;
Asume el Estado el cumplimiento de las prestaciones no contributivas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
Todo ello indica el rol preponderante del Estado en el cumplimiento de la ley".(14)

13) "Nuevo sistema previsional argentino", Bs.As., 1993, pág. 362 y siguientes.
(14) Alfredo J. Ruprecht, "DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL", Zavalia Editor, Argentina, 1995, pág. 307.

Ley 24.463 (Solidaridad Previsional)
Esta ley, también conocida como "Ley de Solidaridad Previsional", modificó profundamente diversos aspectos de la Ley 24.241. Fundamentalmente, en los puntos que a continuación se tratan:

Con respecto a la movilidad de los haberes de las prestaciones del Régimen de Reparto, la Ley 24.241, disponía que se efectuaba en función de las variaciones entre dos estimaciones consecutivas del AMPO o MOPRE, no pudiendo ello importar una disminución en términos nominales del haber. Esto fue modificado por la norma que se analiza, que prescribe que dichas prestaciones tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Aclarando además que en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.

Estableció criterios de ajuste, según índices, respecto de la movilidad de las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos anteriores a la promulgación de la Ley 24.463.

Determinó topes máximos para las prestaciones que se otorguen a partir de la promulgación de la misma y en virtud de leyes anteriores a la Ley 24.241. Todo ello de acuerdo a una escala de gradualidad. Esto no se aplicará en forma retroactiva respecto de haberes correspondientes a períodos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley.

Otro aspecto que modificó esta norma, fue la posibilidad de reingresar a la actividad remunerada de los beneficios de prestaciones del Régimen Previsional Público, tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomo, sin que se le suspenda ni disminuya el pago de prestación alguna. Anteriormente con la ley 24.241, esto no era posible.

Estableció la obligación del reingresado a la actividad de efectuar aportes, destinados al Fondo Nacional de Empleo. Con una excepción. Aquellos jubilados con derechos adquiridos por ser beneficiarios de regímenes anteriores a la ley 24.241, no deben aportar al mencionado Fondo, en caso de reingreso a la actividad autónoma, según lo dispuso la ley 24.476, vigente desde fines de noviembre de 1995.

En el caso de volver a trabajar, el jubilado con el nuevo régimen previsional, no posee la prerrogativa de solicitar reajuste o mejorar en la prestación originaria, por los nuevos aportes realizados, como antes se efectuaba de acuerdo a las Leyes 18.037 y 18.038, luego de tres (3) años de aportes. Sin embargo, existe una excepción al respecto: aquellos beneficiarios de prestaciones previsionales, que hubieren accedido a tales beneficios amparadas en los denominados regímenes especiales para quienes presten servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, no podrán reingresar a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional. Si así lo hicieren, se les suspenderá el pago del mismo.

En cambio, el goce de un retiro por invalidez es incompatible solamente con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia. Nada especifica la Ley 24.463 con respecto al desempeño de actividades autónomas.

Finalmente, la Ley 24.463, modificada por su similar 24.655 reforma sustancialmente el procedimiento Judicial de la Seguridad Social, determinado que las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, podrán ser impugnados ante los juzgados federales de la primera instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal y ante los juzgados con asiento en las provincias.

Este procedimiento debe iniciarse a través de una demanda de conocimiento pleno, que tramitará por las reglas del proceso sumario, previsto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas por esta ley.

De esta forma la Administración Nacional de la Seguridad Social actuará como parte demandada, no siendo necesario para habilitar la instancia judicial la interposición de ningún recurso en sede administrativa.

La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, creada por la Ley 23.473, se transformó en la Cámara Federal de la Seguridad Social, y su sentencia definitiva, será apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio.

Con respecto a las costas de los juicios, enuncia la ley, que en todos los casos serán por su orden, y todo lo dispuesto respecto al nuevo procedimiento, será de aplicación inmediata, incluso en las causas en trámite, teniendo en cuenta que esta norma se encuentra vigente desde el mes de marzo de 1995.

El Estado Nacional, por otro lado, garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones establecidas en la ley 24.463, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva Ley de Presupuesto. Esta determinará el importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público, estableciendo que ningún beneficiario tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado, que ya mencionáramos con anterioridad.